Ley Antitabaco y liberales de medio pelo

No me voy a extender más sobre la opinión que me merece la nueva ley antitabaco del gobierno socialista, porque largamente ya la expuse hace unos días en anterior post de este blog, pero sí quiero hablar de un tema que ha resultado recurrente estos días: La propiedad privada. Estos días, España se ha despertado respirando libertad. Debe de ser que la prohibición de fumar en los locales comerciales ha desatado la vena liberal de la población española y nunca tan claro ni tan alto habíase encontrado tanta gente en España reivindicando el derecho a la propiedad privada, a hacer, en definitiva, en lo que es suyo lo que bien les parezca. Claro, que me da la impresión, todo hay que decirlo, que esta protesta tiene mucho más que ver con la concurrencia del interés de los fumadores a fumar y de los propietarios de los bares y demás negocios del sector a no mermar su clientela en estos tiempos de dura crisis, que con una verdadera creencia en las libertades individuales. Mañana, cuando les afecte positivamente que se cercenen los derechos del vecino, sin mayor problema, incluso aplaudirán.

Redactar las leyes es potestad del poder legislativo, y hasta donde yo sé, no tiene ninguna cortapisa en redactar más o menos leyes o con más o menos frecuencia. Se suele decir que a más leyes, menos libertad individual, y con acierto. Pero no hay nada más allá de la moral (esa misma que frecuentemente denostan algunas personas) que impida al poder legislativo generar más o menos leyes. Parafraseando a uno de esos gurús del Derecho: “En las sociedades actuales los legisladores tienen poca fe en la fuerza de la ley, debe ser por eso que redactan leyes sin cesar, a ver si entre todas consiguen hacer valer alguna”. Palabra más, palabra menos…

Lo cierto es que en España, las libertades individuales han sido muy pocas desde hace mucho tiempo. No es de ahora. Con Franco no eran como para tirar cohetes, y en este período constitucional, las libertades individuales han sido relegadas a un segundo plano detrás de los llamados derechos sociales, que son unos derechos que otorga o retira graciosamente el gobierno de turno en base a unos criterios, que llama de “interés general” y otras expresiones similares, que él mismo decide.

La Constitución Española de 1978, de corte profundamente socialista o intervencionista (no veo qué diferencia hay), establece con claridad meridiana en el Artículo 128 que:

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

Lo que da al traste de forma irremediable con cualquier pretensión altruista o interesada de poder hacer lo que a uno le venga en gana en su propiedad.

Y por si fuera poco, ya mucho antes, en el Artículo 51, destroza cualquier pretensión de los propietarios de los locales en una sóla línea:

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

La Constitución de 1978 establece un modelo de derecho a la propiedad (no derecho de propiedad) con dos poderes fundamentales: El de goce o disfrute y el de disposición. Básicamente, libre aprovechamiento económico y libre disposición jurídica y, en principio, plenos.

Lo que sucede es que dichos poderes fundamentales han de conectarse con la función social. Dicha función no convierte al propietario en un funcionario del Estado, pero sí limita sus derechos, ya que éstos no pueden ser antisociales y, además, la propiedad genera deberes para con la comunidad, a través de las leyes que ha de cumplir. Lo que se traduce en una falta de amparo legal al ejercicio de los poderes antes citados cuando éstos se realicen sobrepasando los límites que se consideren normales, con daño a terceros.

Vemos pues que el derecho a la propiedad en España no es un derecho pleno, sino regulado e intervenido; y, como argumento para la defensa de los fumadores no es válido o como poco es muy débil. Puede que lo sea en otros países con otras normas, pero en España, difícilmente se puede sostener. Sobran razones para argumentar en favor de la ley, y faltan para argumentar en contra, en base a nuestro Ordenamiento Jurídico.

Otra cosa distinta es que la gente proteste por una Constitución que fue redactada en las postrimerías del siglo XX con una mentalidad decimonónica, intervencionista y alienante donde los derechos individuales tienen tal cantidad de cortapisas que casi podríamos llamarlos miniderechos que derechos con pleno sentido de la expresión. A esto último me apunto encantado. Aunque mucho me temo, tal como dije arriba, que muchos de los que ahora protestan airadamente y se han convertido al liberalismo más puro en cuestión de días, una vez resuelto su problema, no acusen la necesidad perentoria de defender ese mismo derecho a la libertad individual y a la propiedad privada cuando no sean ellos los perjudicados.

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